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Una crisis peculiar
César Campos R.
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Hasta donde ha sido posible informarnos ayer respecto a los sucesos de la
hermana república de Ecuador, nada configura a nuestro juicio un
escenario de golpe de Estado en el violento motín militar y policial
contra la Ley de Servicio Público, la misma que recorta algunos
beneficios económicos a esos sectores.
Sin duda, el proceder de estos efectivos –quienes no escatiman agredir a
cuanto alto funcionario se le pone por delante– otorga la impresión de
una revuelta armada en franco desafío al orden constitucional y a la
autoridad legítimamente elegida, lo que inevitablemente llevaría al corte
del proceso democrático y la consiguiente instalación de un régimen
castrense en el poder. Sin embargo, esta lógica no se presenta en los
hechos ni en la plataforma reivindicativa de los sublevados.
Para empezar, tanto el comandante de la Policía, Freddy Martínez, como el
jefe del Comando de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Ernesto González,
dejaron plenamente establecida su subordinación al presidente Rafael
Correa. Martínez incluso aseguró a una agencia de noticias internacional
que Correa no era objeto de un “secuestro” en la clínica policial donde
se internó luego de su enfrentamiento físico con los amotinados. Supuesto
secuestro del cual habló el vicepresidente Lenin Moreno a todo el país en
la cadena televisiva nacional y al amparo del Estado de Excepción
decretado por el gobierno que limita la libertad de expresión.
En efecto, el gobierno ha tomado el control de las noticias en todo el
país porque así lo manda la Constitución impulsada por Correa. Ello
provoca serias confusiones y faltas a la verdad, tal como lo denunció el
editor de Informaciones del diario El Comercio de Quito, Rubén Buitrón.
Los ecuatorianos padecen el mismo clima que vivimos los peruanos cuando
el 5 de febrero de 1975 se produjo el motín de Radiopatrulla en La
Victoria. En ese entonces quedamos a merced de la información oficial y
la prensa parametrada sólo divulgaba lo que la dictadura de Juan Velasco
le decía.
La asonada –por supuesto inaceptable y atrevida– no escala más allá de
los reclamos puntuales de los policías y militares de base para que no le
quiten sus privilegios. Eso conversaba anoche Correa con sendas
comisiones de los rebeldes, ratificándose en su decisión de que
prevalezca la ley.
Quizás lo más atendible de este caos sean dos cosas puntuales: Que Correa
culpe al partido Sociedad Patriótica del ex presidente Lucio Gutiérrez de
promoverlo y que ello le sirva de pretexto para estudiar la disolución la
Asamblea Nacional, a fin de convocar inmediatamente a elecciones
legislativas. Otra potestad que le concede su carta magna, previa
consulta y aprobación de la Corte Constitucional.
Veremos qué pasa este fin de semana. Pero hasta ahora la crisis
ecuatoriana resulta bastante peculiar.
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