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RENTA PETROLERA
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
Entre 1999 y 2004, el precio del crudo ecuatoriano promedió $23,44. De los ingresos netos de gastos de las compañías, según cálculo de Petroecuador y el SRI, el Estado ecuatoriano captó alrededor del 75%, mediante su participación en la producción como dueño del petróleo, más el impuesto a la renta de las compañías y a la participación en las utilidades de los trabajadores petroleros.
Ese 75% de la renta total es adecuado frente a otras naciones; sólo países con yacimientos excepcionales como Venezuela captan un porcentaje mayor.
El precio del petróleo dio un salto espectacular a mediados del 2005, y desde entonces ha promediado $45,6, el doble que en 1999-2004. Por consiguiente hoy las compañías retienen un porcentaje de la renta petrolera muy superior al 25%. El punto es cómo puede el Estado captar una parte mayor de esas rentas extraordinarias, tomando en cuenta que la mayor parte de los contratos están vigentes hasta 2012 y no incluyen cláusulas de reajuste por precios.
Una manera es renegociándolos. En promedio Ecuador ha renegociado contratos cada 10 años.
Cuando presidente de Petroecuador a fines del 2005 Luis Román optó por esta estrategia, y consiguió asesoría de entes petroleros estatales franceses. Se propondría a las empresas una regla, modificando el porcentaje del crudo que deben entregar las compañías al Estado, en función a variaciones en el precio.
El inconveniente es que, por tratarse de un proceso voluntario, puede tomar tiempo, y las compañías carecen de motivación para alcanzar un acuerdo que disminuya sus ganancias.
La segunda opción es señalar una tasa de impuesto sobre las utilidades extraordinarias. Wilson Pástor, ex Presidente de Petroecuador, ha sugerido que sea del 70%. Si bien esto afecta la rentabilidad de los contratos, lo han hecho otros países, incluso EE.UU.
Pero el gobierno escogió una tercera vía: reformar los contratos por Ley, recurriendo a una doctrina jurídica rebuscada, y desconociendo el principio que los contratos son ley para las partes.
Esta estrategia tiene una virtualidad: busca resolver el problema unilateral e inmediatamente. Pero a veces la solución más fácil no es la mejor.
La fórmula propuesta por el Presidente, según estimados de Pástor, afecta de manera muy desigual a las empresas: a unas les costaría $1 por barril, a otras $7. A eso hay que añadir que dará lugar a una nueva ronda de arbitrajes internacionales, con pronóstico reservado.
A las compañías que operan campos marginales, que son las que entregan el mayor porcentaje de la renta al Estado, la propuesta presidencial les quita toda motivación para seguir invirtiendo. Petroecuador se aprestaba a desempolvar la licitación para campos marginales que se interrumpió con el golpe de abril del 2005; mejor que se olvide. La doctrina hoy invocada, que los términos de los contratos los puede cambiar unilateralmente el Estado, ahuyentará a las compañías interesadas, que hasta ayer eran numerosas.
Hay que retomar la vía de la renegociación y el impuesto a las utilidades excesivas. El camino que hoy se transita, aparentemente expedito, más bien crea complicaciones.
