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NUEVOS CONTRATOS PETROLEROS
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
En días pasados, el Presidente determinó que los ingresos de las operaciones de las petroleras privadas, resultantes del aumento del precio del petróleo en relación al vigente cuando se firmaron los contratos, se repartirá 99% para el Estado, y 1% para las contratistas.
Desconozco si a las contratistas les sorprendió esta medida. Todo lo que ha hecho el gobierno es utilizar la ventana que le abrió la Ley 2006-42 aprobada en tiempos de Alfredo Palacio, conocida como Ley 50%-50%. La Ley dispuso que la participación del Estado en los nuevos ingresos debía ser de al menos 50%, y Palacio la reglamentó en el sentido que fuera 50%. No todos cayeron en cuenta que la Ley dejaba a la discrecionalidad del gobierno determinar el porcentaje.
¿Es constitucional esa Ley? El gobierno sostiene que lo único que se hizo fue reglamentar algo que no estaba estipulado en los contratos. Algunos abogados, no sólo de las petroleras, observaron que se los reformó violando la seguridad jurídica.
En todo caso, la mayor parte de las compañías decidieron no hacer olas. Solo una, que considera que la aplicación de ley torna inviable su contrato, ha solicitado un arbitraje ante el Ciadi. El Procurador anuncia la posible declaratoria de caducidad del mismo. También Occidental debe haberle incluido en su planteamiento arbitral, ya que en caso contrario, su reclamo valdría mucho menos.
Desde el punto de vista político, la medida es positiva para el Presidente. Significa mayores ingresos para el Estado, a costa de las petroleras y no de los contribuyentes, lo cual es popular.
Con el reparto 99-1, dudo que sea viable la operación de las privadas. No se está repartiendo la renta adicional, sino los ingresos: no se reconoce la inflación de los servicios petroleros, sólo el índice de inflación para la economía internacional. Cuando suben los precios del crudo, también aumenta la urgencia de las petroleras de buscar más petróleo para aprovechar los mejores precios. Eso causa mayor inflación en la industria petrolera.
Tras la decisión del gobierno, habría dos motivaciones:
- Que considera que las compañías se beneficiaron desmedidamente por el aumento en el precio del petróleo durante los años en que no se reajustaron los contratos, causando perjuicio al pueblo ecuatoriano, y ahora busca compensar. El problema con esto es que si bajo estas reglas, las inversiones no son rentables, no habrá inversión, y caerá la producción.
- Quiere cambiar los actuales contratos de participación, por contratos de servicios. Si bajo los contratos actuales, las compañías no van a tener rentabilidad, estarán dispuestas al cambio de modalidad, si así recuperan rentabilidad.
Ya tuvimos contratos de servicios. En ellos, el riesgo para el Estado es que si cae el precio del petróleo, la contratista igual recupera su inversión, y es el Estado el que pierde. Requiere asimismo una altísima capacidad de fiscalización, porque la compañía más gana mientras más gasta.
Más equilibrados son los contratos de participación, en tanto y en cuanto incluyan cláusulas de ajuste por variación de precios.
Una preocupación similar ha expresado el ex Ministro de Energía y hoy asambleísta, Alberto Acosta.
