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DEMOLICIÓN DE INSTITUCIONES

Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO

Hemos demolido las instituciones políticas. Irrespetado el mandato popular y destituido tres presidentes constitucionales consecutivos, bajo una muy frágil cobertura legal. Esos tres ex-presidentes tienen causas abiertas en contra, sin que la Corte Suprema se haya pronunciado sobre el fondo.

A la Corte Suprema también la hemos demolido. Gracias a una Comisión encabezada por el Dr. Carlos Estarellas, la estamos reconstituyendo.

También hemos demolido a las instituciones sociales. Según una encuesta de Informe Confidencial de enero 7, la institución que más merecía la confianza de los ecuatorianos era la Iglesia, 59% de opiniones positivas, y 41% de opiniones negativas, una débil confianza neta de 18 puntos. Siguieron los medios de comunicación con 5, los municipios con –1 y las Fuerzas Armadas –12 y cuarto lugar. El Congreso a la cola con –64.

En febrero, hemos buscado demolerlas aún más. Se ha hecho escándalo de una operación de la Conferencia Episcopal para rescatar su patrimonio amenazado por la quiebra de Filanbanco.

La Fiscal denuncia, y algunos medios recogen, sin mucho análisis, que el Estado se perjudicó al haber canjeado la Conferencia Episcopal los certificados reprogramados que recibió de sus depósitos en Filanbanco, por bienes raíces con avalúo muy superior al valor de negociación.

La crisis bancaria se origina en el colapso fiscal, los efectos de El Niño, y el derrumbe de la acuicultura como consecuencia de la Mancha Blanca (de la cual recién empieza a recuperarse). Los activos que tenía la banca en garantía, perdieron valor, y la banca no estaba en condiciones de provisionar esa pérdida. Si los inmuebles no hubieran perdido valor, no hubiera habido crisis bancaria.

Si hay algo que criticarle al Banco Central, la AGD y Filanbanco, es la lentitud en convertir en dinero los activos bancarios. Dada la miopía económica de nuestra justicia, los administradores de estas instituciones han preferido dejar que se deterioren los inmuebles antes de vender con pérdidas contables. Siete años después del congelamiento bancario, estas instituciones estatales aún conservan la mayor parte de las propiedades que cayeron en sus manos.

El cuarto lugar en confianza para las Fuerzas Armadas. En febrero, las fuerzas del orden tuvieron que salir a proteger las instalaciones petroleras del Estado, del intento de sabotaje de turbas orquestadas por alcaldes y prefectos amazónicos, en búsqueda de chantajear al Estado para que les entreguen fondos adicionales a los $63 millones presupuestados.

El día de los ataques más furibundos a la infraestructura petrolera, la cobertura de un canal de televisión se centró en un manifestante herido en la pierna. El mensaje era que las Fuerzas Armadas no debieron haber defendido las instalaciones petroleras.

Al día siguiente los vándalos atacaron con dinamita, hiriendo a policías. Busqué enterarme por otro canal; oí acusar a las Fuerzas Armadas de haber asesinado a 10 de los asaltantes. Sólo se presentaron difusos rumores en apoyo de semejante acusación. Varios días después de este reportaje, no se ha vuelto a escuchar nada que justifique tamaña acusación.

Hay que cambiar de curso. El desarrollo del país requiere tanto de buenas políticas macroeconómicas como de instituciones confiables. En ambos frente retrocedemos.

 

 


 

 

 

 

 




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