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COMPÁS DE ESPERA
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
La velocidad es impresionante con la que el régimen avanza en su afán radicalizador. Un ejemplo es el control sobre los bancos; la actividad crediticia privada está prácticamente estatizada.
Pero hay parálisis en el sector extractivo de minas y petróleos, vital para la viabilidad económica del régimen.
El permanente incremento del gasto público requiere crecientes ingresos. Eso ha sido posible debido al excelente comportamiento del precio del petróleo –excepto entre octubre 2008 y marzo del 2009- y las mayores recaudaciones tributarias.
Pero estas dos fuentes de ingresos no seguirán creciendo tan aceleradamente como hasta ahora. Un precio del petróleo muy superior al actual causaría un traspié en la recuperación económica global y por consiguiente, el precio volvería a bajar.
La recaudación tributaria sube tanto debido a que el SRI ya ha desarrollado los procesos, y tiene además la voluntad, para reducir la evasión. Pero una vez que se generalice el pago correcto de los impuestos no podrán seguir creciendo tanto sin que no haya crecimiento económico.
La expansión económica no va a venir por el lado privado mientras que la radicalización conlleve la deslegitimización de las utilidades del capital. Hoy se prohíbe a los bancos repartir dividendos a sus accionistas. El Presidente habla de no permitir que declaren utilidades las empresas que no puedan pagar los salarios a los que el aspira.
La inversión en el país será sólo una fracción de lo que se hubiera podido esperar si en el Ecuador, como en otros países de la región excepto Cuba y Venezuela, se respetase el derecho de la inversión a generar utilidades. Sin esa inversión no hay crecimiento, ni ingresos tributarios.
Las grandes inversiones públicas a las que aspira el gobierno con apoyo de otros estados no contribuirán al crecimiento de manera proporcional a la inversión. Mayor generación hidroeléctrica, una nueva planta procesadora de hierro, y otras obras de ese estilo son positivas en la medida que reducen costos y crean un entorno más favorable a la inversión empresarial. Pero si esta no se concreta, tendremos capacidad no utilizada de producción de los gigantes estatales.
Como nueva fuente de ingresos el Estado necesita mayor producción petrolera y el arranque de la gran minería, que depende de una gran inversión por parte de empresas de esos ramos. Pero el entorno jurídico para estas actividades no deja de variar. El gobierno quiere nuevos contratos petroleros y mineros. Pero pasa el tiempo, y no se producen los contratos modelos. Hay leyes nuevas, en necesidad de reglamentación. Leyes subsidiarias aún por aprobarse.
Como resultado, las operadoras petroleras en la Amazonía no llevan a cabo la inversión necesaria para mantener la producción, ante el riesgo de no poder recuperar su dinero, si el contrato es demasiado leonino.
La gran bonanza minera que se avizoraba hace año y medio se disipó antes de iniciarse, pero las pocas empresas que quedan están en compás de espera.
De aquí a un par de años, a lo mejor el Presidente Correa se lamentará sentidamente por no nuevos ingresos petroleros y mineros, por la inercia de 2008 y 2009.
