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¿QUIÉN NOS CONTROLA?
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
La Constitución trae una innovación preocupante: se crea un consejo de control social, compuesto por 7 personas escogidas inicialmente por la Asamblea y en lo sucesivo por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El consejo nombrará al procurador, contralor e integrantes del CNE, entre otros. Además “impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público.” En conjunto con las autoridades que nombre, “promoverá e impulsará el control… de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público”.
En una sociedad en que se respetan los derechos de las personas, no importa las ambigüedades a las que se preste una ley: siempre su interpretación será benigna. Pero con esta y otras disposiciones se abre el camino para que un grupo de personas que no se han presentado a elección o escrutinio del público ejerza enorme poder sobre el resto de la sociedad.
Estos días se nombró a los integrantes del primer consejo de control social, mas conocido por la primera parte del nombre, consejo de participación ciudadana. Son personas en su mayor parte desconocidas en el ámbito nacional, aunque en las actividades a las que se dedican probablemente gozan de reconocimiento y prestigio.
En su mayor parte se han dedicado con éxito a alguna actividad de servicio social, lo cual es loable, y son de izquierda, como suelen ser las personas que se dedican al servicio social, tanto porque renuncian a realizar una tarea que les generaría mejores ingresos como porque miran al desempeño de la sociedad desde el prisma de aquellos que no logran una inserción exitosa en la misma.
¿Es dable pensar que estos ciudadanos que el gran público no conoce, lograrán que la administración pública haga lo que ellos digan, que las cortes tomen decisiones según lo que ellos determinen? Difícilmente.
Para que el consejo de control social se convierta en el Frankenstein que nos preocupa sería necesario que haya un verdadero poder atrás, que logre sus fines a través de las acciones del consejo.
Por ejemplo, si los integrantes del consejo se debiesen a grupos radicales que no logran captar el poder mediante elecciones, estos grupos podrían acompañar las decisiones del consejo con la movilización de sus bases.
Si los integrantes del consejo respondiesen uno al MPD, otro a Ecuarunari, un tercero a Acción Ecológica, y así sucesivamente, lo que aparentemente no es el caso con este consejo, el ejecutivo estaría en jaque en todas las políticas a las que se oponen esos movimientos. No habría minería ni nueva actividad petrolera; el Estado no podría tener una política educativa propia. Sería el caos.
En su defecto, el consejo podría estar compuesto de cuadros del oficialismo; el gobierno podría valerse del mismo para interferir en la labor de medios de comunicación, banca, o de cualquier actividad que escape del control del ejecutivo. Bajo pretexto de control social, se podría imponer un gobierno autoritario.
El potencial beneficio que siete personas de ejemplar trayectoria sirvan para estimular la consciencia social, palidece ante los peligros potenciales de la mala utilización del organismo.
