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DESÉCHENLO
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
Las cámaras y asociaciones de la producción con sede en Quito han publicado un remitido de una página en éste y otros diarios nacionales, expresando su total rechazo al proyecto de ley para la Rehabilitación de la Producción Nacional, el mismo que estaría por ser tratado por el Congreso en segunda, y cuya principal herramienta para la rehabilitación de la producción consiste en radicar en el Banco Central la potestad de determinar adónde deben dirigirse los créditos de la banca y en qué condiciones financieras.
Las cámaras consideran que el proyecto no cumpliría con los objetivos planteados, esto es, reactivar la producción; y que tampoco coincidiría con los intereses y necesidades de los sectores productivos y de la ciudadanía.
En su lugar, las cámaras y asociaciones exhortan al establecimiento de un entorno político y económico más estable. En lo concreto, para satisfacer el objetivo que haya más crédito y en mejores condiciones, las cámaras y asociaciones exhortan a los poderes del Estado a que promuevan la existencia de un sector financiero competitivo, ajustado a normas internacionales y a los principios de economía de mercado.
El proyecto del Congreso no reúne esos objetivos, como explica la Federación Latinoamericana de Bancos en carta dirigida al Presidente del Congreso el 1º de febrero. Todos los países con economía de mercado adecuan su legislación bancaria a las recomendaciones del Comité de Basilea, donde se encuentra el Banco de Liquidaciones Internacionales, el banco central de los bancos centrales. La recomendaciones del Comité de Basilea, como recuerda Felaban, “descartan la posibilidad de asignar a priori los recursos financieros de los bancos”.
Todos, con quizás la excepción de algunos banqueros, quisiéramos que haya más competencia en el mercado financiero. Para ello es necesario la presencia en el país de bancos multinacionales, lo que, por tener diversificado su riesgo en varios países, así como un mejor volumen de depósitos en relación a sus costos fijos, pueden prestar a menores tasas y a plazos más largos. Para ese fin, son necesarias leyes y normas de supervisión claras, que no varíen constantemente, que permitan a los bancos destinar los fondos del público que ellos manejan, a los fines que consideren más adecuados.
Todo ello, sin perjuicio de una estricta vigilancia del cumplimiento de las normas.
Se podría pensar que las cámaras reflejan intereses y necesidades de las grandes empresas, y que el proyecto apunta a ayudar a los pequeños. Pero la Red Financiera Rural también se opone al proyecto. En publicidad aparecida en este diario el 5 de febrero, 34 instituciones que forman la RFF aseveran que “si el proyecto de Ley de Rehabilitación es aprobado, el microcrédito desaparecerá. Más de 500 mil familias ecuatorianas serán afectadas, muchos tendrán que recurrir al chulco y miles irán a la desocupación”.
Los supuestos beneficiarios se oponen; ¿cuál es el objetivo de continuar con este proyecto? Lo prudente, para la Legislatura, es desecharlo.
