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POLÍTICA INDUSTRIAL
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
"Se propone una política industrial que reduce la importancia en la industria del capital privado."
Durante el cuarto de siglo en que la estrategia económica se centró en la apertura, se abandonó lo que se conoce como política industrial: que el Estado establezca normas, e invierta con miras a favorecer el desarrollo de las actividades que procesan productos primarios, creando valor agregado.
Hoy retorna la política industrial. El gobierno ha preparado un proyecto del cual existe una presentación Power Point.
El plan industrial tiene la meta obvia de industrializar el país, y los objetivos cuantificados, en términos de incremento de las exportaciones de productos industriales, son ambiciosos. Pero lo que más se destaca en la propuesta es el papel secundario que se le otorga a las sociedades de capital.
Entre los principales objetivos del plan están “potenciar el crecimiento de la economía social y solidaria”, esto es, de microempresas, cooperativas, comunas y pequeños productores, y “apoyar el desarrollo de sectores prioritarios” que, a juzgar por lo que dice el plan, son esencialmente estatales.
Los siete proyectos prioritarios que constan y que podríamos considerar industriales son: duplicar la producción siderúrgica, mediante la alianza de las empresas estatales de Ecuador y Venezuela; reactivar la industria de asfalto, a cargo de Petroecuador; crear una infraestructura de abastecimiento de gas natural, que será producido por Petroecuador en alianza con empresas estatales de varios países; reactivar la industria cementera nacional, en que se plantea que la nueva producción de cemento sea estatal, con algún socio estratégico (¿Irán?); instalar seis camales públicos; fabricar durmientes de hormigón para ferrocarril, a cargo de cementos Chimborazo.
El gobierno propende a un desarrollo industrial en el cual el Estado abarca las áreas que requieren fuerte inversión y tecnología, y en que las actividades más sencillas estén a cargo de microempresas en las cuales el objetivo sea servir, y no el lucro.
Relegar a un segundo plano a la inversión privada en la industria y crearle un entorno más bien hostil va a desestimular la inversión. Ni el Estado ni los microempresarios son un sustituto para el capital privado en aquello que éste hace mejor: ver oportunidades y no escatimar esfuerzos para aprovecharlas. La iniciativa privada es indispensable para el desarrollo industrial. De lo contrario, hace ratos Cuba sería una potencia industrial.
La reciente y drástica caída del precio del petróleo, que ha perdido USD 100 en el segundo semestre, deja en evidencia la fragilidad de una estrategia económica basada preponderantemente en el capital estatal.
Con este enfoque de la política industrial, y con los actuales precios del petróleo, no se podrán cumplir, ni de lejos, las metas planteadas.
